Jesús Mª Rodríguez Gómez, Director General de Administración Local y Despoblamiento

Ha pasado prácticamente un año desde que nuestras vidas, de repente, se “detuvieron”. Allá por marzo de 2020 irrumpía con fuerza el COVID-19, marcando un antes y un después.
Tras más de 40 días de confinamiento, el 28 de abril el Consejo de Ministros aprobaba el Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad. Comenzaba así una desescalada gradual.
Los ciudadanos y ciudadanas empezamos, poco a poco, a salir a la calle a pasear o a hacer deporte en unas determinadas franjas horarias. Se establecieron los denominados “turnos” para disfrutar del espacio público. Excepto, en la España rural.
En los municipios de menos de 5.000 habitantes no había franjas. El Gobierno consideró que no existía riesgo de aglomeraciones y adaptó la estrategia de desescalada a las particularidades de estos municipios (dispersión, reducido tamaño o baja densidad poblacional). Por lo tanto, aquellos que vivimos en los pueblos no tuvimos limitaciones horarias para poder disfrutar del espacio público. Esta lógica “flexibilización” de la normativa contribuyó a que los habitantes de la España rural recuperásemos paulatinamente nuestra vida cotidiana.
Este ejemplo debiera ser la norma habitual a la hora de legislar. Sin embargo, desgraciadamente es más bien la excepción. La legislación suele hacerse pensando en las ciudades, simplemente porque en ellas vive más gente. Pero una legislación “urbanocentrista” puede ser lesiva al aplicarse en territorios poco poblados. Se debe legislar tanto para las ciudades como para los pueblos.
En algunos casos, la norma no es de igual aplicación ni consigue el mismo efecto en una ciudad como Pamplona, que en un pequeño municipio como Marañon. Y en eso hay que pensar al elaborar las leyes, en el impacto que tendrá también en las zonas rurales.
Este ejemplo nos sirve para ilustrar en qué consiste el Rural Proofing o mecanismo rural de garantía: en analizar el impacto que las diferentes normativas tienen en las zonas rurales e implementar mecanismos para facilitar su aplicación y garantizar un impacto positivo.
En septiembre de 2016 se celebró en Irlanda la Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural Cork 2.0 organizada por la Comisión Europea y en ella se concluyó que era necesario revisar sistemáticamente las políticas sectoriales y macroeconómicas desde una perspectiva rural, teniendo en cuenta los impacto reales y potenciales y sus efectos en las perspectivas de desarrollo, crecimiento y empleo rural, el bienestar social y la calidad ambiental de las zonas rurales y sus comunidades. La Comisión Europea, destacó la importancia y la conveniencia de adoptar mecanismos de Rural Proofing como medio para hacer que todas las políticas que se lleven a cabo contribuyan de forma sinérgica a garantizar la igualdad entre la población urbana y la rural.
Países como Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, Finlandia, Canadá, Nueva Zelanda tienen implantados diversos mecanismos de Rural Proofing.
Ahora, el Gobierno de Navarra, junto con la Federación Española de Municipios y Provincias y el Hueco, pone en marcha un grupo formado por 100 personas, 50 mujeres y 50 hombres, con el objetivo de crear un mecanismo para la revisión de la legislación, las políticas sectoriales y económicas, desde una perspectiva rural. Es decir, hacer un diagnóstico de las leyes actuales y su impacto en las zonas rurales, y plantear alternativas para las futuras leyes.
El Ejecutivo Foral, con el impulso de este proyecto de Rural Proofing, adquiere el compromiso de incluir el mecanismo rural de garantía en el diseño de sus políticas públicas de cohesión territorial, lucha contra la despoblación y reto demográfico, para evitar los desequilibrios territoriales y las desigualdades.
Una legislación que no tenga en cuenta esta “visión rural” puede dar al traste con cualquier política que se haga en torno al reto demográfico.
En definitiva, se legisla desde la ciudad pero debe hacerse para todo el territorio. Solo así lograremos construir una Navarra equilibrada, armoniosa y sostenible donde se asegure la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente del lugar en el que hayan elegido vivir.
Debemos seguir promoviendo opciones de vida adecuadas a cada espacio de vida. Conviene no olvidar (el COVID-19 nos lo ha recordado) que el medio rural es un lugar de oportunidades: oportunidades para tener calidad de vida; para emprender un negocio; para disfrutar de la naturaleza; y, sin lugar a dudas, para un proyecto de vida.

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