El Gobierno de España ha defendido el ritmo de tramitación de la segunda fase del Canal de Navarra y ha asegurado que la infraestructura es “prioritaria”, en respuesta a las críticas del diputado de UPN, Alberto Catalán, quien ha denunciado retrasos y exigido plazos concretos para su licitación.
Durante su intervención en el Congreso, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, rechazó las acusaciones de inacción y subrayó que el Ejecutivo trabaja “con rigor, diligencia y sin descanso” en un proyecto que calificó de estratégico tanto para Navarra como para el conjunto del sector primario.
La ministra insistió en que la complejidad técnica y administrativa de la obra —con una inversión estimada de cerca de 375 millones de euros en su segunda fase— exige cumplir con todos los procedimientos legales y ambientales. “No es una obra más, es una actuación prioritaria”, afirmó, defendiendo que los plazos responden a la necesidad de garantizar la viabilidad técnica, económica y jurídica del proyecto.
Un proceso “constante y riguroso”
Aagesen detalló que el proyecto ha avanzado de forma continuada desde 2023, con hitos como la información pública, la evaluación ambiental —aprobada en noviembre de 2024— y la posterior adaptación del diseño a las condiciones exigidas. También destacó la aprobación técnica del proyecto en noviembre de 2025 y el reciente visto bueno a los precios de expropiación, que afectan a unos 1.500 expedientes.
En este sentido, la ministra subrayó que “no ha habido ningún parón” en la tramitación y que incluso se han desarrollado trabajos en paralelo para acelerar el proceso dentro de la legalidad.
Próximo pasos, convenio y licitación
En este sentido, Aagesen ha anticipado la firma del nuevo convenio entre el Estado y el Gobierno de Navarra, prevista para el 21 de abril, un trámite necesario tras la actualización del marco jurídico y financiero del proyecto. Según explicó Aagesen, este paso permitirá avanzar hacia la futura licitación de las obras.
Además, recordó que el proyecto cuenta con respaldo financiero europeo, tras la aprobación de un préstamo de 228 millones de euros a 30 años por parte del Banco Europeo de Inversiones, lo que refuerza su viabilidad.
Respuesta a las críticas
La ministra respondió directamente a las acusaciones de falta de diligencia, asegurando que el Ministerio actúa “con la máxima responsabilidad” y que acelerar los plazos sin garantías podría poner en riesgo la ejecución de la infraestructura. “Si no lo hacemos con rigor, el problema sería que la obra nunca se llevaría a cabo”, advirtió.
Asimismo, defendió la transparencia del Ejecutivo, señalando que durante la legislatura se han respondido decenas de preguntas parlamentarias sobre el Canal de Navarra.
