La jurisdicción social se ocupa de conflictos que difícilmente pueden esperar: despidos, salarios, pensiones, prestaciones. Precisamente por eso, señalar vistas para 2028 constituye una peculiar manera de atenderlos. La urgencia la aporta el ciudadano. La fecha, el juzgado. Y entre ambas, que cada cual se organice.
El colapso ha dejado de tratarse como una anomalía para incorporarse al funcionamiento habitual. Se registra la demanda, se asigna día y hora y el problema queda administrativamente colocado. Resolverlo llevará años, pero anotarlo en la agenda funciona estupendamente.
Mientras tanto, los plazos para reclamar conservan toda su severidad. Un día de retraso puede cerrar la puerta del juzgado. Una vez dentro, el calendario adquiere una flexibilidad admirable. Curiosa distribución del rigor: días para exigir, años para responder.
Se necesitan medios, personal y organización. También decisiones de quienes deben proporcionarlos. Porque repetir que los juzgados están desbordados no puede convertirse en la respuesta permanente de quienes tienen la responsabilidad de remediarlo. El atasco será estructural; el alquiler y la compra siguen siendo mensuales.
La espera, además, no pesa igual para todos. Quien dispone de recursos puede resistir. Quien necesita cobrar quizá termine aceptando menos de lo que reclama. Así, la demora acaba haciendo parte del trabajo: cuando llega el juicio, puede que la necesidad ya haya negociado por su cuenta.
Nadie pide sentencias improvisadas. Se pide que la jurisdicción encargada de proteger a la parte más débil no le exija, para conseguirlo, una resistencia económica extraordinaria.
Quizá convendría dejar de llamar normalidad a lo que simplemente se ha vuelto habitual. Si los derechos se reconocen para hoy, pero su protección se reserva para cuando quede un hueco, habrá que ajustar el nombre del servicio: tutela judicial ilusoria.
Pedro J. Soto Santos
