Contigo Tudela ha reclamado la asunción de responsabilidades políticas por parte del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que confirma la nulidad del despido de la gerente de la EPEL Tudela Cultura, Amaya Pérez Zardoya.
El portavoz de la formación, Eneko Larrarte, ha considerado que la resolución judicial es una “sentencia lapidaria” y defiende que el fallo es un claro reproche a la actuación seguida por Tudela-Cultura.
La sentencia del TSJN ratifica la obligación de readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones que tenía antes de su cese, así como abonarle los salarios dejados de percibir desde su despido. Además, suma una indemnización por daños morales de 25.000 euros.
Larrarte ha destacado que el fallo judicial confirma entre sus hechos que la decisión de extinguir la relación laboral no ha podido desvincularse de la situación de baja médica de larga duración de la trabajadora y “lo más grave es que el tribunal considera acreditada una discriminación por razón de salud”, ha denunciado.
Más de 100.000 euros de coste, según Contigo Tudela
El portavoz de Contigo Tudela también ha denunciado el impacto económico que tendrá el procedimiento para las arcas de Tudela Cultura. Aunque ha reconocido que desconoce la cuantía definitiva, Larrarte estima que el coste total podría situarse entre los 100.000 y los 150.000 euros al sumar los salarios pendientes (147,82 por día entre la baja y su reincorporación), la indemnización por daños morales y otros costes derivados de la gestión de la gerencia durante este periodo así como los gastos jurídicos.
“Estamos hablando de unos costes absolutamente innecesarios para una entidad que ya atraviesa dificultades económicas”, ha señalado Larrarte que ha reclamado al propio Ayuntamiento que haga públicas las cifras exactas y detalle las consecuencias económicas de la sentencia.
Acusan al Ayuntamiento de ocultar la resolución
Otro de los reproches que ha lanzado Contigo Tudela ha sido la falta de información sobre la existencia de la sentencia. Larrarte ha explicado que la resolución está fechada el pasado 8 de mayo y ha denunciado que ni en las reuniones de los órganos de dirección de la EPEL ni en las últimas sesiones municipales el equipo de gobierno ha querido dar cuenta de su contenido. “Llevamos semanas preguntando por este asunto y hoy nos encontramos con que la sentencia se dictó hace casi un mes”, criticó.
Petición de un pleno extraordinario
Ante la situación generada en la EPEL Tudela-Cultura, Contigo Tudela ha avanzado que ya ha trasladado al Partido Socialista y al Partido Popular un propuesta para convocar un pleno extraordinario y abordar el futuro de Tudela Cultura.
La formación considera que se debe abrir el debate sobre la situación financiera de la entidad así como las consecuencias derivadas del conflicto laboral que ha desembocado en la sentencia. En este sentido, Larrarte ha explicado que el objetivo será alcanzar acuerdos que permitan “resolver de una vez por todas” los problemas que arrastra la entidad desde la creación del puesto de alta dirección que ocupa la gerencia.
Una “limpieza integral”
Contigo Tudela ha apostado por revisar en profundidad el modelo de gestión de la entidad cultural. Para Larrarte, parte de la solución pasa por “una limpieza integral” de la situación generada en los últimos años y por reforzar el papel de los trabajadores de la EPEL, a quienes les reconoce haber sostenido el funcionamiento de la entidad en los momentos más complejos. Asimismo, ha planteado estudiar fórmulas que permitan objetivar los procesos de dirección y selección de personal dentro de la estructura municipal y si son o no convenientes.
Críticas al alcalde
Contigo Tudela ha acusado directamente al alcalde Toquero de la situación por tomar decisiones a las que ahora la sentencia pone en cuestión. “Estamos ante una sentencia muy grave que habla de discriminación por razón de salud y que obliga a readmitir a la trabajadora e indemnizarla por daños morales” y pide al alcalde que ofrezca explicaciones, aclarar si el Ayuntamiento recurrirá o no la sentencia al Supremo y si se van a asumir responsabilidades políticas.
