El Parlamento de Navarra ha aprobado una moción defendida por UPN para mejorar la gestión de los centros de protección animal, conocidos popularmente como “lazaretos” y dotarlos una financiación estable y suficiente.
La iniciativa, aprobada en la comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, pone sobre la mesa una realidad que desde hace años denuncian entidades como la Mancomunidad de la Ribera, donde los ayuntamientos están asumiendo una carga económica para garantizar un servicio que, en teoría, debería contar con el apoyo del Gobierno foral.
Su presidente, Fernando Ferrer, lleva tiempo alertando de una situación que considera injusta. “Los vecinos de la Ribera están pagando dos veces por este servicio”. Por un lado, a través de sus impuestos que financian el centro que gestiona el Gobierno de Navarra, y por otro, mediante el esfuerzo económico directo de sus ayuntamientos mantener el centros de recogida y atención de animales abandonados de la Mancomunidad de la Ribera.
Cambio normativo
La situación se ha agravado tras el cambio normativo introducido por la Ley Foral de protección animal y la legislación estatal que han elevado de forma notable las exigencias en materia de bienestar animal. Sin embargo, ese incremento de responsabilidades no ha venido acompañado de una financiación suficiente, lamenta Ferrer, lo que ha dejado a muchas entidades locales en una situación límite.
La moción aprobada en el Parlamento reclama abandonar el modelo basado en ayudas puntuales y avanzar hacia un sistema estable que garantice el funcionamiento diario de los centros, asegurando su sostenibilidad.
Resolver la desigualdad territorial es otro de los puntos clave de la propuesta regionalista, recuerda Ferrer. Mientras algunas zonas cuentan con el servicio que se ofrece desde el Centro de Protección Animal del Gobierno de Navarra en Etxauri, otras, como la Ribera, deben organizarse para prestar el servicio.
La propuesta también plantea la creación de nuevos centros comarcales de atención urgente y corta estancia en las zonas donde todavía no existen, la firma de convenios que unifiquen la gestión entre administraciones y una vieja demanda, una plataforma única de adopción que permita coordinar esfuerzos y mejorar las oportunidades para los animales abandonados.
Ahora, el Gobierno de Navarra dispone de cuatro meses para dar cumplimiento a lo aprobado en el texto de la moción.
