El Pleno del Ayuntamiento de Tudela debatió y respaldó una moción presentada por el grupo municipal del Partido Popular, a través de su portavoz, Irene Royo, destinada a reforzar el control sobre los empadronamientos y evitar irregularidades en el padrón municipal.
La moción establece que el Ayuntamiento pedirá autorización expresa de los titulares de las propiedades antes de empadronar a personas que no sean propietarias ni arrendatarias directas. De esta manera, explicó Royo se busca otorgar seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles, evitando que se generen obligaciones sobre personas que no han autorizado; prevenir el fraude y los negocios ilícitos relacionados con empadronamientos falsos; y garantizar que la inscripción en el padrón refleje residencia efectiva, cumpliendo con la normativa estatal y local.
Royo reconoció que la moción surgió tras conocer casos de personas empadronadas en viviendas sin autorización del propietario, generando inseguridad jurídica. La concejala subrayó que los ayuntamientos tienen la obligación y facultad de verificar los domicilios antes de tramitar altas, bajas o modificaciones en el padrón. Entre las medidas posibles se incluyen comprobaciones directas o visitas de la Policía Municipal cuando existan indicios de irregularidad.
El objetivo principal, según Royo, es proteger a los propietarios y asegurar la validez del padrón, reforzando la responsabilidad del Ayuntamiento en la gestión del registro y evitando situaciones que puedan derivar en fraude o conflictos legales.
Antecedentes
La propuesta llega después de que el Ayuntamiento de Tudela haya anunciado medidas para prevenir empadronamientos irregulares. Entre ellas está la obligación de presentar documentación verificada, como pasaportes, contratos de alquiler con justificantes de pago y acreditación de identidad cuando la inscripción se realiza en el domicilio de un tercero. Además, la propia Policía Municipal intensificará controles aleatorios para garantizar la veracidad de los datos tras detectarse aproximadamente 1.000 empadronamientos irregulares en 2025 y recientes casos de venta de empadronamientos por 500 euros.
PSN pide claridad y procedimiento más que autorización obligatoria
La portavoz del PSN, Olga Chueca, opinó que la gestión de empadronamientos debe regirse por las instrucciones técnicas del padrón municipal, especialmente las resoluciones que establecen los requisitos para la inscripción y la documentación a presentar, incluyendo NIE, pasaporte o documentos acreditativos del domicilio (contrato de alquiler, escritura, último recibo de suministros).
La portavoz socialista hizo hincapié en que el Ayuntamiento no tiene competencia para juzgar la legalidad de la residencia o la propiedad, sino solo para comprobar que la persona reside efectivamente en el domicilio indicado.
La edil insistió en que es imprescindible que exista un procedimiento claro y conocido, tanto para los trabajadores del SAC como para las personas que se empadronan, evitando confusión y garantizando seguridad jurídica para propietarios y residentes y reiteró la necesidad de equilibrar la protección de los propietarios con la atención a las personas que residen y alquilan las viviendas, especialmente en un contexto de escasez de recursos habitacionales.
La portavoz del PSN Chueca no se opuso a que haya control sobre el fraude, pero consideró que la propuesta de solicitar autorización obligatoria del propietario no asegura la eficacia del control, reclamando una mayor claridad en el procedimiento y seguimiento efectivo por parte del Ayuntamiento.
Contigo Tudela exige la claridad en el procedimiento
En línea con lo expuesto por la portavoz socialista, Marisa Marqués señaló que su formación “siempre ha apoyado un control, porque creemos que hay que perseguir también a las personas que se lucran de las miserias de los demás” y reconoció que la medida busca proteger tanto a los propietarios como a la gestión pública.
La edil insistió en la importancia de tener un procedimiento claro y transparente, y criticó la falta de información oficial: “Nos hemos enterado por Facebook, como también parece que se han enterado los funcionarios y funcionarias encargadas de gestionar esos empadronamientos” y recordó que en la Comisión de Derechos Sociales se constató que ni el personal del SAC ni algunos responsables conocían los cambios anunciados desde alcaldía.
Marqués sí cuestionó la creación y el funcionamiento de la comisión de empadronamiento anunciada por el equipo de gobierno: “¿Quién forma parte de la comisión? ¿Cuándo se ha creado? ¿Qué criterios y procedimientos sigue?” y pidió conocer la legitimación de las decisiones tomadas, así como la documentación que se maneja y cómo se revisa.
Por último, denunció la opacidad del equipo de gobierno ante las solicitudes de información presentadas por Contigo Tudela y el PSN: “Hoy estamos a día 23, esto ocurrió el día 10 de febrero y no hemos tenido ninguna respuesta. Así que esperamos que nos lo aclaren”.
UPN defiende la legalidad y el control de empadronamientos irregulares
Fernando Ferrer explicó que el Ayuntamiento de Tudela actúa conforme a la resolución de 29 de abril de 2020, con modificación de 8 de febrero de 2023, que establece cómo gestionar el padrón municipal. “El ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos consignados por los vecinos, exigiendo al efecto la presentación de documentos que acrediten su identidad y el domicilio en el municipio” y “cuando existan indicios de duda sobre la residencia, el ayuntamiento ordenará los actos necesarios para comprobar la veracidad de los datos” (artículos 8 y 10 de la resolución).
El concejal destacó que estas medidas buscan minimizar los empadronamientos irregulares, y recordó que ya en 2019 se denunciaron prácticas ilícitas por las que se cobraban entre 150 y 250 euros por empadronar de forma ilegal: “Insisto, no somos sospechosos. Desde el año 2019 ya se denunció empadronamientos ilegales. Estamos intentando minimizar los empadronamientos ilegales, no los legales”.
Ferrer también valoró la labor del personal del SAC, afirmando que “hacen su trabajo de manera magnífica y comprueban todo lo que pueden comprobar”, y defendió que las medidas actuales no implican costes adicionales: “Los recursos personales y técnicos y su coste no tienen más coste que el de la retribución que tienen normalmente y habitual esas personas o esos técnicos”.
Sobre la evolución de los empadronamientos, proporcionó cifras recientes: “En 2025, en torno a 1.000 empadronamientos irregulares y unas 2.600 bajas de padrón”, datos que coinciden con los ofrecidos por el alcalde en rueda de prensa.
«Que las mafias no se aprovechen de la gente”
Ferrer cerró su intervención insistiendo en que el objetivo es reforzar mecanismos legales y administrativos para garantizar la correcta gestión del padrón, evitando que terceros se aprovechen de situaciones irregulares: “Respetando la legalidad y sobre todo los hechos humanos… estamos hablando de empadronamientos irregulares, de actuaciones que ha tenido el Ayuntamiento y que ha participado en el Ayuntamiento para que las mafias no se aprovechen de la gente”, concluyó.
La propuesta del PP salió adelante con 18 votos a favor (UPN, PP y Contigo Tudela) y tres abstenciones (PSN).
