La salud mental se juega en la nómina, en el contrato de alquiler y en el tiempo para vivir. Volver a la austeridad sería pedir, una vez más, a las mismas familias que aprieten los dientes.
Hay tardes en las que el cuerpo dice basta. Te falta el aire, te sientes superado o superada y la cabeza no deja de hacer cuentas: el alquiler de este mes, la compra, la factura de la luz, salir del trabajo a la carrera para llegar a recoger a los críos o estudiar de noche porque el día ya está comprometido con un empleo que no da para todo. Nada de eso aparece necesariamente en un diagnóstico, pero todo eso pesa. Son muchas las situaciones cotidianas que condicionan, cada vez más, nuestra salud mental.
Durante demasiado tiempo nos han vendido que el malestar era un asunto privado, algo que cada cual debía resolver con fuerza de voluntad o con una buena rutina. Pero no se trata de poder con todo. Se trata de entender que la ansiedad, el insomnio o el agotamiento tienen muchas veces un origen material y colectivo: la precariedad, la incertidumbre, la falta de tiempo y la sensación de que, por mucho que te esfuerces, el suelo se mueve bajo tus pies.
Como sociedad sometida a una presión creciente, necesitamos autocuidado, sí, pero también tiempo y una mirada social menos individualista y más empática. Porque la salud mental no se juega solo en la consulta del psicólogo, sino también en la nómina, en el contrato de alquiler, en el horario laboral y en la posibilidad real de planificar una vida.
Por eso, cuando hablamos del Estado del Bienestar, de la subida del salario mínimo, de la revalorización de las pensiones o del aumento de las becas, no hablamos de cifras frías. Hablamos de servicios públicos y de derechos que permiten a cualquier persona desarrollar su proyecto de vida sin que su origen familiar o su código postal determinen sus oportunidades. Su impacto en la salud mental es directo: vivir con seguridad, autonomía e igualdad de oportunidades también significa vivir con menos incertidumbre. Una beca que permite estudiar sin tener que encadenar trabajos precarios ayuda a proteger tanto el rendimiento académico como el bienestar emocional de una persona joven. Una pensión que no pierde poder adquisitivo evita la angustia de muchas personas mayores. Un salario digno es, también, una política de salud pública.
Conviene recordarlo ahora, porque no partimos de cero. Quienes vivimos la crisis de 2008 sabemos lo que vino después: recortes en sanidad y educación, congelación de pensiones y reformas laborales que abarataron el despido, en un contexto que empujó a toda una generación a emigrar o a encadenar empleos precarios. Se nos pidió sacrificio en nombre de la austeridad, y aquel sacrificio tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de la economía doméstica. También lo pagamos con nuestra salud mental. La incertidumbre, la inseguridad y la pérdida de expectativas agravaron el malestar de muchas personas, alimentando la ansiedad, la depresión, el miedo y la soledad. Volver a esa receta, como proponen quienes hablan de “adelgazar” lo público o de bajar impuestos sin explicar qué servicios y derechos están dispuestos a sacrificar, sería pedir a las mismas familias que vuelvan a apretar los dientes.
Y si hay un ámbito en el que ese riesgo se hace especialmente evidente, es la vivienda. Está en el mensaje del casero que se abre con miedo, en la incertidumbre de no saber si podrás seguir viviendo en tu casa y en el proyecto de vida que se aplaza un año más. En Navarra hemos dado pasos importantes: la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en 21 municipios ha permitido intervenir sobre los alquileres en esas localidades. Pero sería un error conformarnos. La vivienda sigue siendo una de las principales fuentes de preocupación para muchas familias y una barrera para quienes quieren emanciparse, formar una familia o, sencillamente, vivir con tranquilidad.
Por eso resulta especialmente doloroso lo ocurrido el pasado 2 de octubre, cuando PP, UPN, Vox y Junts tumbaron en el Congreso los decretos que prorrogaban los contratos de alquiler y limitaban las subidas. No votaron únicamente contra unas medidas económicas o jurídicas; votaron contra la estabilidad de miles de hogares, contra la tranquilidad de quienes viven pendientes de una renovación y contra la posibilidad de no tener que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera. Y cuando los buitres sobrevuelan los barrios, la derecha siempre aterriza puntual a su lado.
Quienes han votado en contra de estas medidas, como ya han hecho en otras ocasiones desde 2018, deberían explicar a cada familia que vive pendiente de la renovación de su contrato por qué su estabilidad y su tranquilidad valen menos que la rentabilidad de unos pocos. Porque detrás de cada decisión política hay consecuencias personales concretas.
La salud mental no puede ser un lujo ni una cuestión de suerte. Reforzar las políticas públicas que garantizan la igualdad de oportunidades, proteger los derechos sociales y asegurar unas condiciones de vida dignas son también formas de prevenir el sufrimiento y de cuidar a las personas. No todo el malestar tiene un origen económico ni todas las respuestas pueden darse desde las instituciones, pero ninguna política de salud mental estará completa si ignora las circunstancias en las que vivimos.
Porque defender el Estado del Bienestar es defender algo más que unos servicios públicos: es defender el derecho de todas las personas a vivir con dignidad, con seguridad y con futuro. Y esa es una causa que nos toca defender, ahora más que nunca.
Ibai Crespo Luna, parlamentario PSN-PSOE
