Defender los comunales es defender la democracia, por Carlos Mena

En Navarra, hablar de comunales no es un ejercicio de nostalgia ni un gesto simbólico hacia el pasado. Es hablar de presente y, sobre todo, de futuro. Los bienes comunales forman parte de nuestra identidad colectiva y han sido durante siglos una garantía de uso equitativo de la tierra, cohesión social y sostenibilidad para nuestros pueblos. Defenderlos no es una opción ideológica ni una batalla cultural: es una obligación democrática.

La cuestión de las inmatriculaciones tiene un origen político y jurídico que no conviene ocultar. La Ley Hipotecaria de 1946, aprobada por el régimen franquista, permitió a la Iglesia católica inscribir bienes en el Registro de la Propiedad sin aportar título acreditativo, mediante una simple certificación eclesiástica. Un privilegio propio de un Estado confesional y carente de controles democráticos. Lejos de corregirse con la llegada de la democracia, ese privilegio se mantuvo durante décadas y fue ampliado en 1998 por el Gobierno de José María Aznar (PP), al permitir también la inmatriculación de templos de culto. La derogación de este mecanismo en 2015 llegó tarde y sin efectos retroactivos, dejando intactas todas las inmatriculaciones previas. Se cerró la puerta, sí, pero se dejó todo dentro. El daño ya estaba hecho.

En una comunidad como Navarra, con uno de los sistemas de propiedad comunal más extensos del Estado, el impacto ha sido especialmente relevante. No hablamos solo de iglesias o ermitas. Hablamos también de terrenos rústicos, huertos, pastos, montes y bienes comunales que han sido de uso colectivo durante generaciones y que forman parte del patrimonio de los pueblos.

Durante muchos años, esta realidad fue ignorada desde las instituciones. Y aquí conviene decirlo con claridad: UPN, cuando gobernó Navarra durante décadas, no impulsó ninguna política activa para investigar ni defender los comunales inmatriculados. Tampoco el Partido Popular, desde el ámbito estatal, promovió medidas para corregir un privilegio que ellos mismos habían reforzado. Hoy, cuando UPN y PP apelan a la prudencia jurídica y a la seguridad registral, conviene recordar que esa prudencia fue, durante años, sinónimo de inacción y dejadez.

El cambio llega cuando hay voluntad política. Es con el Gobierno de María Chivite cuando Navarra empieza, por primera vez, a afrontar este asunto con seriedad institucional. Primero desde la transparencia, haciendo públicos los bienes inmatriculados, y después avanzando hacia una segunda fase mucho más ambiciosa: la de la investigación y la acción. Hasta entonces, sencillamente, no se había hecho nada de fondo.

Este avance no habría sido posible sin el empuje de la sociedad civil. La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro y contra las Inmatriculaciones ha jugado un papel fundamental para mantener viva esta reivindicación, aportar información y generar conciencia social. Su trabajo ha sido decisivo para que este debate no se diluyera ni quedara relegado al silencio institucional.

Junto a ello, es imprescindible reconocer el papel de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), que ha permitido articular un trabajo coordinado con las entidades locales. Los ayuntamientos y concejos son quienes mejor conocen su territorio, pero durante años carecieron de medios técnicos y jurídicos para afrontar esta cuestión. Hoy, gracias al trabajo conjunto con el Gobierno de Navarra, cuentan con acompañamiento técnico, jurídico y económico, y con el respaldo necesario para investigar, ordenar documentación histórica y, cuando procede, defender en los tribunales lo que pueda ser comunal.

Desde el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se ha producido un cambio de enfoque que merece ser subrayado. Ya no se trata solo de saber cuántos bienes se inmatricularon, sino de defender activamente el patrimonio común, poniendo el foco en el suelo rústico, los pastos y los comunales, y asumiendo que las administraciones tienen el deber de estar al lado de los pueblos.

Defender los comunales no es ir contra nadie. No es cuestionar creencias ni abrir conflictos artificiales. Es cumplir con la ley, con la historia y con la democracia. Desde el PSN-PSOE lo tenemos claro: lo que es de todos no puede perderse por una legislación injusta ni por mirar hacia otro lado.

Porque los comunales no son solo tierra. Son derechos compartidos, memoria colectiva y futuro. Y protegerlos es, sencillamente, gobernar con responsabilidad.

Carlos Mena Blasco
Portavoz Parlamentario del PSN-PSOE en la comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.