Fernando Ferrer, presidente de la Mancomunidad
-- Publicidad --

Fernando Ferrer continuará como representante de Tudela en la Mancomunidad de la Ribera después de que el pleno extraordinario celebrado este martes, 17 de noviembre, rechazara por 12 votos frente a 9 la propuesta de Contigo Tudela y PSN-PSOE para revocar su nombramiento y su relevo al frente de la presidencia de la entidad. La sesión solo sirvió para remarcar las diferencias sobre la petición de responsabilidades políticas por los errores surgidos en el cobro del primer semestre de la la tasa de basuras y abrir nuevas controversias sobre el acceso a la información disponible. Mientras la oposición cuestiona la gestión de Ferrer e insiste en su relevo, PP y UPN defiende la continuidad de Ferrer en el cargo al considerar que no existen responsabilidades personales acreditadas. Todo ello sin que volviesen a faltar momentos de tensión y reproches entre los grupos municipales.

Contigo considera que Ferrer forma parte del problema

Olga Risueño abrió el debate apuntando que Ferrer «forma parte del problema y no forma parte de la solución», y consideró que su continuidad al frente de la Mancomunidad resulta insostenible después de cuatro meses de controversia. La portavoz de Contigo Tudela acusó al presidente de haber asumido personalmente la dirección del cambio de sistema de gestión, excediendo, a su juicio, sus competencias políticas y técnicas. «Se ha metido, como comúnmente se dice, en camisa de once varas, y le ha salido mal, y eso es responsabilidad», afirmó.

-- Publicidad --

Risueño sostuvo que la actuación de Ferrer había desembocado en «un auténtico desastre y una huida hacia adelante, en vez de explicar la verdad desde el principio», y le acusó de haber mantenido durante meses una versión de los errores que, según su interpretación, contradicen los informes técnicos.

Olga Risueño, concejala de Contigo Tudela

Preguntas sin respuesta

Buena parte de su intervención estuvo dedicada a plantear interrogantes que, según denunció, continúan sin respuesta. En primer lugar, quién interpretó la ordenanza fiscal y decidió los criterios de cobro que provocaron las incidencias, especialmente cuando, según explicó, las actas y los correos de coordinación reflejan la participación del presidente, pero no la del gerente de la Mancomunidad hasta la elaboración de su informe del 27 de agosto.

También preguntó quién decidió emitir los recibos sin garantizar previamente la corrección de los datos y quién supervisó las comprobaciones. Risueño recordó que el plan de trabajo de ANIMSA contemplaba generar borradores de facturación, revisar y depurar los resultados y emitir posteriormente los recibos. «¿No se establecieron las comprobaciones necesarias como recogía el contrato o se hicieron y se dedujo que el programa se había comportado como se había previsto con los datos introducidos?», planteó, señalando que ambas posibilidades requieren explicaciones.

La portavoz quiso saber además con quién compartió Ferrer la documentación disponible desde agosto, si los informes fueron trasladados a la Comisión Permanente, a los representantes de la Asamblea de la Mancomunidad o al propio equipo de UPN, y por qué se continuó atribuyendo el problema fundamentalmente a errores informáticos cuando, según afirmó, el informe del gerente identificaba numerosas incidencias derivadas de la interpretación de la ordenanza.

Otro de los interrogantes se refirió a quién redactó las alegaciones presentadas por la Mancomunidad ante ANIMSA para limitar el acceso de Contigo Tudela a la información solicitada. Risueño también preguntó si se habían utilizado medios materiales o personal del Ayuntamiento de Tudela para gestionar la crisis o diseñar la estrategia de comunicación de la Mancomunidad.

Responsabilidad de Toquero y UPN

En su intervención final, elevó el tono de sus críticas y sostuvo que Ferrer no podía continuar representando a Tudela «porque ha liderado en primera persona el cambio, porque ha mentido a la ciudadanía durante cuatro meses y porque ha ocultado información y, de hecho, ha intentado que no la tuviéramos». La portavoz insistió en que la responsabilidad política corresponde, en primera instancia, al presidente de la Mancomunidad y, en última instancia, al alcalde Alejandro Toquero, por mantenerlo en el cargo. «Hay veces que hay que saber parar cuando se ha emprendido una huida hacia adelante que no tiene ningún sentido».

Risueño concluyó su intervención con un llamamiento directo a UPN para que asuma responsabilidades y promueva un cambio en la dirección de la Mancomunidad, cuya situación calificó de «muy crítica». La portavoz de Contigo Tudela consideró que actualmente no existe al frente de la entidad nadie «capacitado políticamente para enderezar la situación» y exigió al partido regionalista que actúe. «Exigimos a UPN, como partido más votado en Navarra, demuestre que, a nivel de gestión pública, tiene algo mejor que ofrecer al conjunto de la Ribera o, incluso, al conjunto de Navarra» ya que, recordó, la Mancomunidad de la Ribera es la mayor entidad que actualmente gobierna UPN en toda la Comunidad Foral.

Olga Chueca

El PSN señala que la mayoría de los errores no fueron informáticos

La portavoz socialista, Olga Chueca coincidió con Contigo Tudela en reclamar responsabilidades políticas y centró su intervención en los datos que, según explicó, recoge el informe elaborado por el gerente de la Mancomunidad. La portavoz socialista sostuvo que el 66% de las incidencias, atendiendo al número de recibos, y el 75% de su repercusión económica tienen su origen en la interpretación de la ordenanza fiscal y no en problemas exclusivamente informáticos. «Un programa informático no interpreta una ordenanza, no decide qué actividad económica debe pagar una tasa ni establece los criterios fiscales», argumentó Chueca, quien reclamó conocer quién supervisó la aplicación de las nuevas tarifas y por qué no se detectaron los problemas antes de emitir los recibos.

La representante del PSN insistió en que las consecuencias de la gestión han recaído sobre ciudadanos, autónomos, comerciantes y empresas que han recibido liquidaciones inesperadas o han tenido que presentar reclamaciones sin obtener, según denunció, una respuesta adecuada.

Chueca también recordó que el pleno municipal aprobó por unanimidad el 28 de septiembre solicitar una comparecencia pública de Ferrer, atender las reclamaciones pendientes y trabajar en las modificaciones necesarias de la ordenanza. Sin embargo, lamentó que esos acuerdos continúen sin materializarse.

La portavoz socialista dirigió también sus críticas al alcalde, Alejandro Toquero, por mantener a Ferrer como representante municipal. «Tudela no es su cortijo y la mancomunidad tampoco», afirmó, antes de reclamar que asumiera su responsabilidad política por la continuidad de quien preside la entidad.

Chueca reconoció que la sustitución de Ferrer no supondría dar por concluido el conflicto, pero sí iniciar una nueva etapa de transparencia, revisión de los recibos y recuperación de la confianza ciudadana.

Irene Royo

El PP defiende que los informes no acreditan una responsabilidad personal

El presidente de la Mancomunidad encontró en la portavoz del Partido Popular, Irene Royo, una de sus mejores defensoras. La concejala del PP rechazó la destitución de Ferrer al considerar que la documentación disponible no permite atribuirle de manera concluyente una responsabilidad personal en las irregularidades detectadas.

Sí reconoció que los errores son importantes y que afectan a miles de recibos, pero defendió que resulta necesario identificar quién tomó las decisiones, qué controles fallaron y qué responsabilidades corresponden a cada uno de los participantes en el proceso. «Las responsabilidades políticas deben exigirse sobre hechos acreditados y no sobre meras sospechas o titulares», defendió antes de abrir un nuevo y desconocido capítulo de lo que lleva camino de convertirse en un nuevo culebrón político en la capital ribera.

La concejala popular fundamentó su posición en tres documentos: el informe del gerente, el de intervención y un informe jurídico, dos informes de los que la oposición aseguró no tener constancia hasta ahora. Royo apuntó que los documentos evidencian problemas en la gestión de los datos, la aplicación de la ordenanza y la implantación del sistema de cobro, pero, remarcó, no acreditan que Ferrer ordenara actuaciones ilegales, ocultara información o desatendiera deliberadamente los informes técnicos. Por ello, defendió que la prioridad debe ser corregir los recibos, devolver las cantidades indebidamente cobradas y revisar los procedimientos administrativos.

Polémica por los informes

La intervención de Royo provocó uno de los momentos de tensión de la sesión, cuando Olga Risueño, a la que Toquero no permitió preguntar por no estar en el uso de la palabra, y Olga Chueca, advirtieran de que el Partido Popular estaba citando informes de los que no disponían los grupos que habían solicitado la convocatoria del pleno.

Ambas formaciones denunciaron que no habían recibido los informes jurídico y de intervención, pese a haber reclamado información sobre el expediente.

Risueño agradeció irónicamente a la portavoz popular que les hubiera permitido conocer su existencia y denunció que una formación municipal pudiera acceder a documentación que, según explicó, no se había facilitado a los grupos proponentes.

La portavoz de Contigo Tudela también puso en cuestión el encargo del informe jurídico a un profesional vinculado a UPN. Risueño expresó sus sospechas sobre las razones por las que ese documento no había llegado a los grupos que habían solicitado información y planteó la posibilidad de que hubiera sido encargado mediante una adjudicación directa. «No sé si es que eso era llamativo y no querían que lo supiéramos», manifestó.

La concejala recordó que no sería la primera ocasión en la que se recurre a este profesional para la elaboración de informes jurídicos y cuestionó la elección realizada por la Mancomunidad, una entidad integrada por numerosos municipios podría haber recurrido a otros profesionales y reclamó mayor transparencia sobre la elaboración y el acceso a estos documentos.

Royo explicó que, simplemente, había solicitado los documentos ante la sorpresa de Contigo Tudela y PSN que insistieron en que la falta de acceso al expediente completo había obstaculizado el ejercicio de sus funciones de fiscalización.

Zeus Pérez

UPN admite errores importantes, pero respalda la continuidad de Ferrer

El portavoz de UPN, Zeus Pérez, asumió la defensa de Fernando Ferrer pese a que el propio presidente de la Mancomunidad también es concejal de la corporación municipal y se encontraba presente en el pleno. Pérez reconoció la gravedad de las incidencias en la facturación y pidió disculpas a los ciudadanos afectados. «Se han cometido errores en la facturación de la tasa de basuras, errores importantes que han generado preocupación, molestia y enfado e incertidumbre entre numerosos ciudadanos», asumió.

Pérez defendió que la prioridad debe ser resolver las reclamaciones, anular los recibos incorrectos y devolver las cantidades cobradas indebidamente antes de añadir que la documentación técnica y administrativa no atribuye una responsabilidad personal directa a Fernando Ferrer, por lo que consideró que su continuidad no impide avanzar en las soluciones.

Sí que reconoció que siguen pendientes los compromisos aprobados por unanimidad en el pleno de septiembre, entre ellos las explicaciones públicas, la respuesta a las reclamaciones y la revisión de la ordenanza. El portavoz regionalista atribuyó el retraso a la ausencia de un secretario en la Mancomunidad, un puesto que, según indicó, había sido cubierto aproximadamente dos semanas antes para finalizar reiterando el apoyo de UPN a su compañero de corporación. «Manifestamos desde nuestro grupo nuestro respaldo a la continuidad de Fernando Ferrer como representante municipal en la Mancomunidad de la Ribera».

Incertidumbre ante el cobro del segundo semestre

Más allá de las responsabilidades políticas, el debate dejó abierta la cuestión sobre cómo se aplicará la ordenanza al siguiente periodo de facturación, que normalmente se ejecuta a lo largo de este mes de noviembre.

Olga Risueño cuestionó cómo se emitirán los nuevos recibos si todavía no se han aclarado los criterios que provocaron las incidencias del primero. «¿Cómo van a hacer el giro de los recibos del segundo semestre?», preguntó. La portavoz sostuvo que revisar los recibos afectados no será suficiente si no se corrige previamente la interpretación de la ordenanza que dio origen a parte de los errores y reclamó una solución antes de emitir nuevas liquidaciones.

Toquero llama «payaso» a Larrarte y después le pide disculpas

La tensión política del pleno también quedó reflejada en un incidente entre el alcalde, Alejandro Toquero, y el concejal de Contigo Tudela Eneko Larrarte. Durante la sesión, el alcalde reconoció públicamente haberle llamado «payaso» cuando el edil pasó por su lado, una expresión por la que posteriormente pidió disculpas y que retiró expresamente.

«Antes que nada, me gustaría pedirle disculpas al señor Larrarte porque cuando ha pasado por aquí le he dicho una mala palabra y no tenía que haberla dicho», manifestó Toquero ante la Corporación.

El alcalde reconoció a continuación el término utilizado: «Sí, le he dicho payaso», y explicó que le había molestado que Larrarte le diera unas palmadas en el hombro al pasar por detrás de él. «Le pido, por favor, que cuando pase por detrás no me dé palmaditas en el hombro. Yo le solicito que no haga eso, que respete también mi espacio», añadió.

Toquero terminó retirando el calificativo y reiterando sus disculpas al concejal de Contigo Tudela, asegurando que no reflejaba lo que realmente pensaba de él.

El episodio se produjo durante una sesión en la que ya se habían vivido otros momentos de tensión entre ambos, con llamadas al orden del alcalde a Larrarte durante el debate sobre los informes y las responsabilidades por los errores en la tasa de basuras.

-- Publicidad --