El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha recibido esta mañana, en representación del Ayuntamiento, a Enrique Cuadra, sobrino de Aquiles Cuadra de Miguel y nieto de Ruperto Cuadra, quien también fue alcalde de Tudela entre abril de 1920 y abril de 1921. Aquiles Cuadra, alcalde de la ciudad durante la II República, fue condenado a muerte por un consejo de guerra franquista. En el encuentro también ha participado el abogado Jesús María Ramírez.
Durante la reunión, Enrique Cuadra ha entregado al alcalde la declaración de reconocimiento y reparación personal expedida por el Gobierno de España el 19 de noviembre de 2025. El documento declara ilegítimo el tribunal que juzgó a Aquiles Cuadra, así como ilegítimas y nulas las condenas, sanciones y resoluciones dictadas contra él. Toquero ha señalado que el documento quedará depositado en el Archivo Municipal.
Asimismo, el alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento está preparando una exposición sobre Aquiles Cuadra, con el objetivo de dar a conocer su trayectoria y su papel en la historia de Tudela.
El encuentro ha permitido compartir recuerdos y reflexiones sobre la historia de la ciudad, así como abordar la importancia de preservar la memoria de quienes formaron parte de ella.
Compromiso institucional
En octubre de 2025, todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Tudela respaldaron por unanimidad una declaración institucional en apoyo a la demanda de la familia para que el Gobierno de España reconociese la nulidad de la sentencia que condenó a muerte a Aquiles Cuadra, en el marco de las acciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la dictadura franquista.
Alcalde durante la II República
Aquiles Cuadra de Miguel fue elegido concejal de Tudela en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y nombrado alcalde el 17 de febrero de 1932. Desempeñó el cargo hasta su dimisión, en junio de 1934, y destacó por su defensa de los bienes comunales y por impulsar la recuperación de terrenos y corralizas privatizados décadas atrás.
Tras el golpe de Estado de julio de 1936, fue detenido en diciembre de ese año en Sevilla y trasladado a Pamplona. Un consejo de guerra celebrado el 10 de noviembre de 1937 lo condenó a muerte. La sentencia se ejecutó el 19 de octubre de 1939.
