El anuncio del Ayuntamiento de Tudela de reforzar los controles sobre los empadronamientos irregulares ha abierto un nuevo frente de debate político en el consistorio de la capital ribera. Apenas un día después de que el alcalde, Alejandro Toquero, presentara el plan de medidas para endurecer la verificación de documentación y aumentar la vigilancia policial, el principal grupo de la oposición, Contigo Tudela, ha cuestionado la iniciativa y ha denunciado que el anuncio responde más a una estrategia política que a una necesidad administrativa.
El portavoz de Contigo Tudela en el ayuntamiento, Eneko Larrarte, ha pedido explicaciones sobre los informes técnicos que sustentan la decisión, los recursos humanos asignados y los criterios concretos que se aplicarán en la revisión de solicitudes. Según Larrarte, resulta llamativo que el equipo de gobierno anuncie ahora un refuerzo de controles cuando, a su juicio, la competencia sobre la gestión del padrón ha sido siempre del ayuntamiento. “Durante siete años no se ha revisado la información, siendo competencia municipal y responsabilidad directa del señor Toquero”, se ha preguntado Larrarte cuestionando si hasta ahora no se comprobaba la veracidad de los documentos presentados por los solicitantes.
Revisar expedientes de solo extranjeros podría ser delito
La formación también ha mostrado su preocupación por el modo en que se están aplicando las nuevas directrices. Larrarte ha advertido que, según la información de la que disponen, se estarían reteniendo para revisión únicamente empadronamientos de personas de origen extranjero. De confirmarse, denuncia Contigo Tudela, la decisión podría vulnerar la normativa vigente y derivar en prácticas discriminatorias. “Sería un claro síntoma de xenofobia y racismo, y además podría constituir delito”, ha afirmado.
Garantizar la legalidad
El equipo de gobierno ha defendido que el plan tiene como único objetivo garantizar la legalidad y evitar fraudes, tras detectar en 2025 alrededor de 1.000 empadronamientos irregulares y producirse más de 2.600 bajas en el padrón municipal. Las nuevas medidas incluyen la exigencia de justificantes de transferencia bancaria junto a los contratos de alquiler, la acreditación fehaciente de identidad en caso de empadronamientos en domicilios de terceros y una revisión exhaustiva de pasaportes y documentos identificativos antes de hacer efectiva la inscripción.
