El diputado del Partido Popular de Navarra, Sergio Sayas, ha anunciado la presentación en el Parlamento foral de una proposición de ley para modificar la Renta Garantizada y condicionar su percepción al cumplimiento de nuevos requisitos.
Sayas ha realizado el anuncio en Tudela, acompañado por el alcalde de Fustiñana, Sergio Vitas, dentro de una ronda de encuentros para explicar la iniciativa a agentes sociales y económicos.
Más perceptores que antes de la crisis
El diputado popular ha justificado la propuesta fijándose en los datos registrados en la Ribera, donde el número de familias perceptoras de Renta Garantizada ha pasado de 1.183 a 2.707 familias entre 2009 y 2024. Según ha señalado, en esta comarca “hay el doble de familias recibiendo la Renta Garantizada de las que había antes de la crisis económica”, una situación que ha calificado de “insostenible” en un contexto de crecimiento económico superior al 2,5%, ha recordado.
En el conjunto de Navarra, el presupuesto destinado a esta prestación ascendió a 111 millones de euros en 2024, de los cuales 22 millones corresponden a la Ribera. Sayas ha apuntado que mas de 16.000 familias perciben actualmente esta ayuda en la Comunidad foral.
Tres cambios principales
La proposición de ley que el PP registrará este mes incluye tres modificaciones fundamentales. La primera la Pérdida de la prestación para quien rechace un empleo ofrecido. La segunda la obligatoriedad de participar en un proceso individualizado y público de búsqueda activa de trabajo. Y, por último, el endurecimiento de los requisitos de acceso, estableciendo un mínimo de cuatro años de residencia legal en Navarra.
El objetivo, según ha explicado Sayas, es garantizar que la Renta Garantizada sea un instrumento temporal de inserción laboral y no una prestación desvinculada del acceso al empleo.
Críticas a la fala de control del sistema
El parlamentario ha respaldado su diagnóstico en el informe de la Cámara de Comptos de Navarra, que —según ha señalado— recoge deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control de los perceptores de Renta Garantizada.
Ha citado que en un elevado porcentaje de expedientes no se dispone de información suficiente para acreditar la residencia efectiva en el territorio foral. Asimismo, ha afirmado que durante 2024 el 78% de los perceptores no tuvo ningún contrato laboral, un dato que, a su juicio, evidencia que la prestación “no está cumpliendo su función de inserción”.
Desde el PP se sostiene que la Renta Garantizada debe ser “un esfuerzo solidario de los navarros para quien atraviesa un momento de dificultad”, pero no “un mecanismo permanente desligado del empleo”.
