La vivienda. Ese fue el motivo que llevó este miércoles 11 de noviembre a cientos de personas a manifestarse por las calles de Tudela, al margen de siglas políticas, disputas partidistas y cifras de seguimiento de la huelga general. La exigencia de soluciones a una crisis que impide a muchas familias acceder a un hogar o conservarlo, gobierne quien gobierne, marcó una jornada de protesta en la que los sindicatos compartieron protagonismo con organizaciones sociales y colectivos de vivienda. Fue precisamente el testimonio de Patricia, una vecina de Fitero que lucha junto a otras familias por permanecer en su casa, el que puso palabras y rostro a una realidad que se repite a lo largo de toda España.
«Somos familias trabajadoras con niños y niñas, personas mayores, que lo único que queremos es vivir tranquilas en nuestras casas», explicó ante los manifestantes en la Plaza de los Fueros antes de relatar cómo unas viviendas construidas con el dinero de todos han terminado en manos de bancos y fondos de inversión.
Su intervención resumía el sentido de una convocatoria que, más allá de otras valoraciones, ha querido trasladar a las administraciones una reivindicación muy concreta, garantizar el derecho a la vivienda y poner freno a la especulación inmobiliaria.
En Tudela, la manifestación celebrada al mediodía reunió a unas 1.200 personas, mientras que la movilización de la tarde congregó a cerca de un millar, pese a la persistente lluvia. Dos convocatorias que reflejaron la capacidad de la crisis habitacional para movilizar a ciudadanos y colectivos con realidades diferentes, pero unidos por una misma realidad que no se le escapa a nadie y que se reflejó en la presencia de miles de personas que salieron a la calles de todo el país para denunciar situaciones que afectan directamente a sus condiciones de vida.
Patricia y las 67 viviendas de Fitero
La historia de Patricia comienza con unas casas que nacieron como viviendas de protección oficial, construidas hace aproximadamente trece años con ayudas directas, subvenciones e incentivos fiscales con la finalidad facilitar el acceso a un hogar a familias que necesitaban una vivienda asequible.
Sin embargo, denunció, la pérdida de su calificación protegida abrió la puerta a sucesivas operaciones entre entidades financieras y fondos de inversión. «Tras perder su calificación protegida, han acabado pasando de mano en mano entre bancos y fondos buitre, convirtiendo nuestros hogares en un negocio y nuestras vidas en una incertidumbre constante».
La consecuencia, añadió, una situación prolongada de inseguridad para quienes habitan los inmuebles. «Hemos sufrido subidas de alquiler, presiones constantes para abandonar las viviendas e incluso desahucios, y todo ello ante la pasividad de las instituciones públicas, que miran hacia otro lado mientras se pone en peligro el futuro de las familias que habitamos».
Patricia recordó también que, mientras en otros municipios afectados como Cintruénigo se han conseguido avances gracias a la organización colectiva, en Fitero continúan viviendo con la amenaza. «Frente a esta situación hemos tenido que organizarnos y luchar para defender algo tan básico como nuestro derecho a seguir viviendo en nuestras casas», relató poniendo voz a muchas otras familias que se enfrentan a la incertidumbre de un mercado inmobiliario en el que el precio de la vivienda y las decisiones de los grandes propietarios pueden determinar la continuidad de sus proyectos de vida.
Una huelga que ha llevado la vivienda al centro del conflicto social
La convocatoria del 11 de noviembre ha situado el acceso a la vivienda como el motivo central de una huelga general, junto a la exigencia de salarios dignos y medidas contra el encarecimiento de la vida.
Hasta ahora, las grandes huelgas generales de la democracia española se habían articulado alrededor de las políticas laborales, las reformas de las pensiones, la protección por desempleo o las medidas de austeridad. La movilización de este miércoles ha introducido una reivindicación de alcance más amplio como es la dificultad para acceder a una vivienda digna o mantenerla, un problema que afecta tanto a trabajadores como a jóvenes que no pueden emanciparse, familias amenazadas de desahucio, pensionistas y personas en situación de vulnerabilidad.
Aunque en Tudela, las organizaciones sindicales tuvieron una presencia destacada durante la jornada, las intervenciones de los colectivos de vivienda y otras entidades sociales han sido las encargadas de llamar la atención de las consecuencias de la crisis habitacional.
«Los culpables son los especuladores, los rentistas y los políticos que los defienden»
Los representantes del movimiento por la vivienda fueron especialmente contundentes al señalar las responsabilidades que, a su juicio, explican el encarecimiento de la vivienda y la creciente dificultad para acceder a ella. «Los culpables del problema de la vivienda son los especuladores, los rentistas y los políticos que los defienden, y no quienes más sufren el problema de la vivienda».
También se advirtió contra los discursos que enfrentan a las personas que atraviesan dificultades económicas, en lugar de cuestionar las causas estructurales de la crisis. «La crisis de la vivienda está causada por la actividad de especuladores y rentistas, sí, pero no sería posible sin unas instituciones públicas y unos partidos políticos que sirvan a sus intereses», denunciaron.
Los portavoces señalaron expresamente a PP, PNV y UPN por promover, a su juicio, políticas favorables a la especulación inmobiliaria. Pero tampoco eximieron de responsabilidad al Gobierno central. «Tenemos un Gobierno del PSOE que no ha hecho nada para cambiar la situación de raíz», afirmaron.
Las críticas alcanzaron igualmente al Gobierno Vasco, al Gobierno de Navarra y a las administraciones municipales, a las que acusaron de mantener políticas que benefician a propietarios e intermediarios inmobiliarios mientras muchas familias continúan sin disponer de alternativas habitacionales.
El colectivo reclamó medidas de mayor alcance, entre ellas la expropiación de viviendas en manos de grandes especuladores para destinarlas a necesidades sociales, la prohibición de usos especulativos y una organización del parque residencial basada en las necesidades de la población. «Solucionar el problema de la vivienda es posible. Es posible que la vivienda sea un derecho garantizado para todas las personas, como son la sanidad o la educación», defendieron.
Kukuluak y Bardenas Ya denuncian las consecuencias de la crisis de vivienda
El colectivo Kukuluak advirtió de las dificultades que afrontan las personas LGTBIQ+ para acceder a una vivienda, especialmente jóvenes, personas trans y migrantes, que sufren situaciones de discriminación y exclusión. «La crisis de vivienda no es ajena al colectivo LGTBIQ+, sino que agrava la situación de vulnerabilidad a la que nos enfrentamos», denunciaron, reivindicando que «las viviendas tienen que ser para vivir, no para especular».
Por su parte, Bardenas Ya cuestionó las prioridades presupuestarias de los gobiernos, criticando que se destinen miles de millones al gasto militar mientras faltan recursos para garantizar el acceso a la vivienda. «El dinero público debe sostener la vida y no la maquinaria militar», defendieron, vinculando esta reivindicación con la presencia del polígono de tiro de las Bardenas Reales y concluyendo con un contundente «Ni un euro para la guerra».
