El alcalde de Corella, Gorka García Izal (ACI), ha anunciado que recurrirá el auto del Juzgado de Tudela que aprecia indicios de posibles delitos de prevaricación y malversación en determinadas actuaciones de la gestión municipal. García ha rechazado de forma tajante haber cometido delito alguno y ha defendido que nunca se ha apropiado de dinero público ni ha utilizado su cargo para obtener un beneficio personal. «No me he llevado dinero del Ayuntamiento de Corella, no me he enriquecido con mi responsabilidad como alcalde y niego haber cometido ningún delito», ha defendido.
La resolución judicial ha dado por finalizadas las diligencias previas y abre ahora una nueva fase del procedimiento, en la que el Ministerio Fiscal y las acusaciones deberán decidir si solicitan la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias. El auto ni supone una condena ni determina que vaya a celebrarse un juicio.
García ha remarcado esta diferencia y ha subrayado que las cuestiones investigadas se refieren fundamentalmente a procedimientos administrativos relacionados con contratación, personal y subvenciones. «Puedo aceptar que determinadas decisiones administrativas sean discutidas, cuestionadas o incluso objeto de diferentes interpretaciones jurídicas. Lo que no puedo aceptar es que se pretenda trasladar a la ciudadanía la idea de que me he quedado con dinero público o que he actuado para beneficiarme personalmente», ha explicado.
La defensa sostiene además que no toda irregularidad administrativa constituye por sí misma un delito de prevaricación y ha anunciado que planteará esa cuestión en el recurso contra el auto.
El origen: el informe de Comptos de 2022
El procedimiento tiene su origen en las irregularidades detectadas por la Cámara de Comptos de Navarra en la fiscalización de la gestión municipal correspondiente a 2022, realizada a petición del Parlamento de Navarra por iniciativa de UPN.
El órgano fiscalizador emitió una opinión desfavorable sobre el cumplimiento de la legalidad en materia de personal, contratación pública y subvenciones. Entre otros aspectos, constató que 18 de las 51 contrataciones temporales se realizaron sin procedimiento de selección y detectó irregularidades en varios expedientes de contratación. También censuró que el Corella Music Fest se organizara sin tramitar un procedimiento administrativo adecuado y sin pasar por los mecanismos ordinarios de control interno.
De la fiscalización a la querella
UPN convirtió esas irregularidades en el eje de su crítica política y, en 2025, presentó una querella por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y administración desleal. El Juzgado de Instrucción número 2 de Tudela admitió la denuncia a trámite y abrió una investigación.
La causa incorporó después un informe elaborado por la Guardia Civil sobre los ejercicios 2023 y 2024. La Unidad Orgánica de Policía Judicial analizó pagos a más de veinte empresas por un importe superior a dos millones de euros y señaló la utilización reiterada de contratos de menor cuantía en servicios que, a su juicio, deberían haberse licitado mediante otros procedimientos. También apuntó posibles fraccionamientos de contratos y restricciones a la libre concurrencia.
La defensa cuestiona el informe de la Guardia Civil
Tanto Alternativa Corellana Independiente como el alcalde, Gorka García, reconocieron una posición muy crítica con ese documento. Sostuvieron que contenía errores de identificación de empresas, facturas duplicadas y agregaciones de pagos de naturaleza distinta.
También cuestionaron las conclusiones generales a las que llega sin analizar, según su versión, todos los expedientes administrativos completos y la documentación que justificaría determinadas contrataciones.
García ha vuelto a señalar ahora que, más allá de la controversias administrativas, el auto del juzgado no dice que exista apropiación de dinero público ni beneficio económico personal e insiste en que no toda irregularidad administrativa constituye por sí sola un delito de prevaricación.
UPN y PP elevan la presión política
Mientras la causa sigue su curso judicial, UPN y PP han aprovechado el contexto para elevar la presión política sobre el alcalde de Corella. UPN, que impulsó la querella, viene reclamando desde hace más de un año su dimisión y sostiene que las irregularidades detectadas justifican que abandone el cargo.
A esa petición se ha sumado el PP de Corella, que considera que el auto deja al alcalde en una situación política «absolutamente insostenible» y ha exigido su salida inmediata. Los populares han reconocido expresamente que serán los tribunales quienes determinen si existe delito, pero consideran que la gravedad de los indicios justifica una responsabilidad política.
Gorka García ha respondido con rapidez a las formaciones de la oposición y ha anunciado que seguirá al frente del Ayuntamiento mientras ejerce su defensa. «Voy a seguir haciendo lo que he hecho desde que asumí la Alcaldía: trabajar por Corella y por sus vecinos y vecinas, con la cabeza alta y con la tranquilidad de saber que nunca he utilizado el Ayuntamiento para mi beneficio personal», ha reiterado.
