Contigo Tudela ha registrado una moción para el próximo pleno en la que plantea la necesidad de abrir un debate político sobre el modelo de gestión de las piscinas de verano municipales antes de adoptar decisiones que puedan condicionarlo de forma irreversible.
La iniciativa parte de la situación actual del sistema de piscinas de la ciudad tras el cierre de Ciudad de Tudela, que ha dejado a Tudela en un escenario en el que conviven modelos distintos: instalaciones de gestión directa como Ribotas y otras de titularidad municipal gestionadas mediante concesión, como Clara Campoamor.
Desde Contigo Tudela se advierte de que las decisiones adoptadas en los últimos meses apuntan hacia una orientación concreta en la gestión futura de las piscinas municipales, con escenarios de integración y gestión conjunta de instalaciones que podrían consolidar un modelo concesional sin haber sido debatido de forma expresa en el Pleno.
El concejal de Contigo Tudela, Alberto Lajusticia, ha señalado que “no estamos ante una decisión técnica menor, sino ante una cuestión de modelo de ciudad: decidir cómo se gestionan las piscinas municipales es decidir qué papel juega el Ayuntamiento en la prestación de un servicio público básico”.
La moción presentada plantea mantener y reforzar el modelo de gestión pública directa como fórmula ordinaria de prestación del servicio, en continuidad con el modelo que históricamente ha existido en Tudela y que actualmente se mantiene en instalaciones como Ribotas.
Asimismo, propone que las futuras piscinas municipales de la avenida Narangel se integren en ese modelo de gestión directa y que se planifique, de forma progresiva, la incorporación de Clara Campoamor a dicho sistema una vez finalice el actual contrato en 2026.
En este sentido, Lajusticia ha subrayado que “el cierre de Ciudad de Tudela no puede servir como punto de partida para sustituir el modelo público por uno concesional sin debate previo. Lo razonable es decidir primero el modelo y después actuar en
consecuencia”.
Contigo Tudela considera que el Ayuntamiento debe abordar de forma transparente y con participación política suficiente la definición del modelo de gestión de las piscinas municipales, evitando que decisiones administrativas parciales acaben determinando de facto el futuro del servicio.
