El acuerdo, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualiza el marco de colaboración entre ambas administraciones y determina cómo se financiará el desarrollo de una infraestructura declarada de interés general en 1997. La ejecución y explotación del Canal corresponde a la sociedad pública Canal de Navarra, S.A. (CANASA), participada por el Estado y la Comunidad Foral.
La autorización supone un avance administrativo y financiero para la segunda fase, especialmente relevante para el sur de Navarra, aunque no equivale todavía al inicio de las obras ni establece una fecha concreta para su finalización.
Una inversión global de 850 millones de euros
El nuevo convenio contempla un presupuesto total de 850 millones de euros para el conjunto del Canal de Navarra, sin incluir el IVA ni los gastos financieros.
De esa cantidad, 495,6 millones corresponden a infraestructuras ya ejecutadas, entre ellas la primera fase, su ampliación y las centrales hidroeléctricas asociadas. Los 354,4 millones restantes se destinan a la segunda fase, todavía pendiente de ejecución, que permitirá continuar el desarrollo del Canal hacia el sur de la Comunidad Foral.
La nueva etapa resulta decisiva para la Ribera, donde la ampliación de las infraestructuras hidráulicas está vinculada tanto a las necesidades de regadío como a las futuras conexiones de abastecimiento de poblaciones y áreas industriales.
Estado y Navarra compartirán la financiación
El convenio mantiene el modelo de financiación establecido entre las dos administraciones.
La mitad de la inversión se cubrirá mediante aportaciones al capital social de CANASA. De esta cantidad, el Estado asumirá el 60% y Navarra el 40%.
El otro 50% se financiará mediante préstamos bancarios, que se amortizarán a través de las tarifas abonadas por los usuarios del agua.
Aplicado al presupuesto pendiente de la segunda fase, el reparto previsto es el siguiente:
| Capital aportado por el Estado | 106,32 M€ |
| Capital aportado por Navarra | 70,88 M€ |
| Préstamos bancarios | 177,20 M€ |
| Total segunda fase | 354,40 M€ |
Las cantidades reflejan el reparto porcentual del modelo financiero sobre el presupuesto de la segunda fase, no nuevas aportaciones íntegramente pendientes de desembolso.
El sistema implica que una parte de la inversión se cubrirá con fondos aportados directamente por ambas administraciones y otra se recuperará progresivamente mediante las tarifas que paguen los usuarios del agua.
Una ampliación de capital de 63,3 millones durante 2026
Uno de los compromisos económicos más inmediatos del acuerdo es la aportación adicional de 63,3 millones de euros que Estado y Navarra tienen pendiente realizar durante 2026.
Esta cantidad se materializará mediante una ampliación de capital de CANASA y se distribuirá de acuerdo con los porcentajes de participación establecidos.
La aportación permitirá reforzar los recursos financieros de la sociedad pública encargada del proyecto. No obstante, el acuerdo conocido no concreta cuándo se producirán los desembolsos ni cuándo comenzarán las obras de la segunda fase.
Navarra asumirá las expropiaciones y facilitará los terrenos
El convenio también establece las obligaciones que corresponderán a cada administración durante el desarrollo de las actuaciones.
El Estado participará en la financiación y promoverá las medidas necesarias para impulsar la ejecución de la infraestructura.
Por su parte, el Gobierno de Navarra deberá poner a disposición los terrenos necesarios para las obras, así como facilitar la reposición de los servicios que puedan resultar afectados.
La Comunidad Foral asumirá, además, las funciones de Administración expropiante, por lo que tendrá un papel directo en los procedimientos necesarios para disponer de los terrenos por los que discurrirán las futuras conducciones.
Estas obligaciones forman parte del marco administrativo diseñado para facilitar la ejecución de las actuaciones pendientes.
Los aprovechamientos hidroeléctricos de Itoiz, hasta 2068
El acuerdo incorpora asimismo compromisos económicos a largo plazo relacionados con las centrales hidroeléctricas vinculadas al embalse de Itoiz.
Navarra promoverá la prórroga hasta 2068 de la cesión a CANASA de estos aprovechamientos, y, en cualquier caso, hasta que se hayan amortizado completamente las inversiones asociadas al Canal.
También se contempla aplazar la devolución de un anticipo económico concedido por los denominados usos expectantes del agua, de manera que su reintegro se efectuará entre 2055 y 2068.
Estas condiciones buscan adaptar las obligaciones financieras a los plazos necesarios para recuperar las inversiones en una infraestructura cuya construcción y explotación se extienden durante varias décadas.
Por este motivo, el nuevo convenio tendrá una vigencia de 42 años, un periodo que responde a las necesidades de amortización y al cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas administraciones.
Un nuevo paso para la llegada del Canal a la Ribera
La autorización del Consejo de Ministros llega en un momento en el que también avanzan los preparativos para conectar las redes de abastecimiento de los municipios de la Ribera con el Canal de Navarra.
El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral ha ofrecido recientemente a las mancomunidades y ayuntamientos de la comarca asumir la tramitación urbanística de estas conexiones mediante un Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PROSIS), con el objetivo de reducir las cargas administrativas y agilizar su ejecución.
En paralelo, el Plan de Inversiones Locales 2026-2028 contempla doce proyectos de abastecimiento, con una inversión prevista de 12,5 millones de euros y el objetivo de que las primeras instalaciones estén finalizadas en 2029.
Estas actuaciones constituyen una línea de trabajo diferenciada de la segunda fase del Canal, aunque ambas están relacionadas con el desarrollo de las infraestructuras necesarias para mejorar el suministro de agua en la comarca.
Con la financiación definida y las obligaciones de ambas administraciones actualizadas, el siguiente paso será avanzar en los procedimientos de licitación y ejecución de la segunda fase, todavía pendientes.












