Contigo Tudela llevará al Pleno del Ayuntamiento la polémica generada por el cobro de las tasas de basura de la Mancomunidad de la Ribera. El grupo municipal ha registrado una moción en la que ha pedido buscar la fórmula jurídica que permita anular el procedimiento correspondiente a 2026, revisar la ordenanza y comenzar de nuevo el proceso de cobro.
La iniciativa supone un paso más respecto a las críticas que la formación ya planteó en agosto, cuando comenzaron a conocerse numerosas quejas relacionadas con los recibos girados durante el verano. Cerca de dos meses después, Olga Risueño y Eneko Larrarte han asegurado que numerosos afectados continúan sin respuesta y han lamentado que los problemas detectados no puedan atribuirse únicamente al cambio del programa informático, sino también a las modificaciones que se han introducido en la propia ordenanza.
La moción plantea que el presidente de la Mancomunidad, Fernando Ferrer, comparezca en una asamblea pública para explicar los errores, sus causas y las soluciones previstas; que la entidad responda de manera inmediata a las reclamaciones presentadas; que se estudie jurídicamente la posibilidad de declarar nulo el procedimiento de cobro para iniciarlo de nuevo; y que se modifique la ordenanza para evitar que vuelvan a reproducirse situaciones como las denunciadas durante estos meses.
«Vaya tasazo nos han metido»
Contigo Tudela ha defendido que la controversia no se limita a los posibles errores producidos en los recibos. La formación ha apuntado también a los cambios introducidos en la ordenanza fiscal, tanto en los importes, como en las actividades y situaciones que han pasado a quedar sujetas al pago.
Larrarte ha reconocido que en pocas ocasiones tanta gente le ha parado para conocer qué ha pasado y que el comentario en la calle es «vaya tasazo nos han metido».
Contigo Tudela ha recordado la amplia variedad de casuísticas que se han visto afectadas, desde recibos girados al propietario y al inquilino de una misma vivienda, autónomos que han trabajado en un local pero han recibido también un cobro al tener fijado su domicilio fiscal en casa, entidades culturales que han comenzado a pagar la tasa o locales vacíos desde hace años que nunca antes la habían recibido.
Para el grupo municipal, la diversidad de casos pone en cuestión la conveniencia de continuar resolviendo cada expediente de manera individual y Larrarte ha defendido que la administración debería actuar de manera global. «Cuando un problema es generalizado, paras, cortas de raíz y vuelves a empezar», ha señalado. Por ello, ha considerado más eficiente anular la remesa, devolver los recibos y reiniciar el procedimiento una vez aclarados los criterios de la ordenanza.
Contigo Tudela ha defendido esta alternativa para evitar que cada afectado tenga que detectar el posible error, presentar una reclamación y esperar posteriormente a que su expediente sea revisado. Al mismo tiempo, según ha argumentado Larrarte, permitiría aliviar la carga administrativa y bloqueo que se ha acumulado en la Mancomunidad durante estas semanas.
Qué ha cambiado en la tasa
Contigo Tudela ha elaborado un informe comparativo de las ordenanzas fiscales de la Mancomunidad correspondientes a 2023, 2024, 2025 y 2026. El estudio ha diferenciado dos fenómenos: el incremento de los importes y la transformación progresiva de los criterios con los que se aplica la tasa.
En el apartado económico, la denominada tarifa general T ha pasado de 74,82 euros en 2023 a 85,72 euros en 2026, lo que ha supuesto un incremento acumulado del 14,57%.
Esta tarifa ha tenido una importancia especial porque sirve como referencia para calcular otras cuotas. De esta forma, incluso cuando los multiplicadores aplicados a determinadas categorías no han variado, el importe final sí lo ha hecho como consecuencia del aumento de la tarifa base.
El informe ha reflejado incrementos considerablemente superiores en determinadas tarifas de tratamiento. Las tarifas de vertidos en el Culebrete también han variado. La P1 ha pasado de 41 a 60,90 euros por tonelada, un 48,54% más; la P2 ha aumentado de 135 a 251,30 euros, un 86,15%; y la P3 ha pasado de 151 a 300 euros, un 98,68% de incremento. «Son unas cifras suficientemente importantes como para la comparecencia de cualquier responsable político», ha afirmado Larrarte.
El estudio, sin embargo, apunta a una segunda cuestión que Contigo Tudela ha considerado todavía más relevante para comprender la situación generada ya que no solo han aumentado los precios, sino que se ha modificado también la manera en la que se aplica la tasa.
Desde 2025 ha cambiado el modelo
Según el informe presentado por la formación, hasta 2024 las modificaciones han tenido un carácter fundamentalmente económico. A partir de 2025 se ha iniciado una transformación de mayor alcance, con cambios relacionados con las actividades sujetas al pago de la tasa, los sujetos pasivos, la base imponible y las bonificaciones.
Esa transformación se ha profundizado durante 2026 que, según el informe del grupo de la oposición, es el ejercicio con mayor modificación normativa del periodo analizado, al haberse introducido cambios en siete artículos de la ordenanza y ampliado el catálogo de tarifas y actividades.
Uno de los cambios ha afectado a las actividades que pueden desarrollarse sin un local específico. La regulación ha ampliado la posibilidad de aplicar la tasa a actividades o servicios aunque no exista un establecimiento físico vinculado a ellos en los términos tradicionales, ampliando los Impuestos de Actividades Económicas, IAE, afectados ahora por la tasa.
Larrarte ha situado ahí parte de las situaciones que han afectado a determinados autónomos. Como ejemplo, ha citado a profesionales que mantienen su domicilio fiscal en su vivienda, personas que realizan su actividad con un ordenador en su casa y que ahora se preguntan qué servicio efectivo de recogida de residuos se les ha prestado en ese domicilio.
Una modificación de este alcance, ha señalado Larrarte, debería haberse explicado previamente y acompañado de una evaluación de sus efectos antes de comenzar a girar los recibos. También ha defendido que, antes de poner en marcha una modificación administrativa de este alcance, deberían haberse realizado simulaciones, comparado resultados y corregido posibles desviaciones.
De quedar fuera de la tasa a pagar con una bonificación
El informe de la oposición recoge otro ejemplo que ha permitido visualizar con claridad la evolución de la ordenanza.
Durante 2023 y 2024, determinadas viviendas o locales situados a 500 metros o más de los contenedores podían quedar excluidos de la aplicación de la tasa. Desde 2025, esa situación ha cambiado: los inmuebles han pasado a estar sujetos al pago, aunque se les ha aplicado una bonificación del 30%. En estos supuestos se ha pasado de no pagar a hacerlo con una reducción en la cuota.
Este ejemplo afecta a muchas casetas de ocio y los huertos. «El cambio es sustancial», ha reconocido, y ha insistido en que debería haberse comunicado de forma clara a las personas afectadas.
El estudio ha identificado además la creación de nuevas tarifas, tratamientos que anteriormente figuraban con coste cero y que han pasado a tener un precio, así como 19 nuevas actividades añadidas en 2026.
Risueño ha denunciado la falta de respuesta a los afectados
Olga Risueño ha centrado buena parte de su intervención en el tiempo que ha transcurrido desde que comenzaron las reclamaciones y en la ausencia de contestación que, según ha denunciado, siguen sufriendo numerosos ciudadanos.
La concejala ha asegurado que buena parte de las personas con las que ha contactado su grupo no han visto resuelto su problema y ni siquiera han recibido una comunicación que les permita conocer en qué situación se encuentra su reclamación.
Risueño ha sostenido que esa falta de respuesta ha incumplido la obligación de las administraciones de contestar a la ciudadanía y ha calificado de «intolerable» que, cerca de dos meses después de haberse comenzado a girar los recibos, numerosos reclamantes sigan sin conocer qué va a ocurrir con ellos.
La edil también ha advertido de que podría haber contribuyentes que todavía no hayan detectado un posible cobro incorrecto. Los recibos han sido girados entre finales de julio y agosto, en pleno periodo vacacional, y en muchos casos se encontraban domiciliados. «Estoy segura de que habrá gente que ni siquiera se ha enterado de que le han cobrado de más», ha afirmado.
«Han dejado a las trabajadoras a los pies de los caballos»
Risueño y Larrarte han querido separar la crítica política del trabajo realizado por el personal de la Mancomunidad. La concejala ha trasladado su apoyo a las trabajadoras que han tenido que atender durante estas semanas un elevado número de consultas y reclamaciones, en muchos casos procedentes de ciudadanos que han acudido a las oficinas con un considerable enfado.
Larrarte ha asegurado que se ha dejado «a los pies de los caballos» a las trabajadoras, al haberlas situado frente a los afectados sin que, a su juicio, dispusieran previamente de una explicación general o de una solución clara que trasladarles. «Se les ha dejado a los pies de los caballos, sin una consigna clara», ha criticado, al tiempo que ha echado en falta una comunicación general dirigida a los contribuyentes para explicar qué había ocurrido y cómo debían proceder.
Contigo ha pedido conocer la posición de UPN
Risueño ha recordado que Fernando Ferrer es concejal de UPN en el Ayuntamiento de Tudela y ha preguntado públicamente qué posición mantiene el partido ante lo ocurrido y si las decisiones adoptadas por el presidente de la Mancomunidad cuentan con el respaldo de la formación.
Larrarte ha ido un paso más allá y ha asegurado que varios alcaldes de UPN le han trasladado en privado su preocupación y enfado. «Tampoco tienen respuestas» y son los que tienen que atender directamente en sus municipios las preguntas de los vecinos afectados, ha comentado.
Deriva de las entidades autónomas y supramunicipales
Risueño y Larrarte han cerrado su comparecencia ampliando el análisis más allá del conflicto generado por las tasas de basura. Ambos han situado lo ocurrido dentro de la Mancomunidad como una «deriva bastante preocupante» en el funcionamiento de diferentes entidades autónomas y supramunicipales de la Ribera.
Larrarte ha defendido que estos organismos deberían contribuir a coordinar a los municipios y a fortalecer el trabajo conjunto de la comarca con independencia del color político de cada ayuntamiento. Sin embargo, ha considerado que esa capacidad de cooperación se ha deteriorado. Risueño ha asegurado que en años anteriores se había avanzado en el trabajo conjunto entre localidades de la Ribera, mientras que ahora, en su opinión, esa dinámica «se ha dinamitado absolutamente».
