El Partido Popular de Navarra (PPN) ha registrado en el Parlamento foral una Proposición de Ley con el objetivo de impedir el cierre de los Servicios de Urgencia Rural (SUR), anunciado recientemente por el Gobierno de Navarra, y asegurar la igualdad en el acceso a la atención sanitaria urgente en toda la Comunidad Foral.
El presidente del PPN, Javier García, ha advertido de que el borrador que aborda la supresión de once puntos de atención urgente en el medio rural supondría “una grave vulneración de la equidad en el acceso a los servicios sanitarios, del derecho a la protección de la salud y de la cohesión territorial de Navarra”. García ha calificado la medida como “totalmente discriminatoria” y ha defendido que la iniciativa legislativa pretende corregir esta situación.
García ha señalado que garantizar la atención sanitaria urgente “es una cuestión de justicia social” y ha subrayado que “no puede haber ciudadanos de primera y de segunda dependiendo de dónde viven. La salud no puede depender del código postal”. En la misma línea, ha destacado que una mayor distancia a los servicios de urgencias “implica más mortalidad en infartos, ictus y trauma grave”, y ha puesto en valor la capacidad de los SUR para resolver “el 85% de las urgencias in situ”.
Deterioro progresivo de la sanidad
El presidente del PPN ha afirmado que la situación sanitaria en Navarra “está sufriendo un deterioro progresivo” y ha criticado que el cierre de los SUR “limita el derecho de muchos navarros a una atención urgente de calidad”. Según ha indicado, la medida afectaría a 45.000 habitantes del medio rural, el 68% de ellos mayores de 65 años, lo que a su juicio agravaría la pérdida de población y oportunidades en estas zonas. También ha advertido de que el supuesto ahorro económico sería “un espejismo”, al estimar un sobrecoste anual de más de 15 millones de euros por un posible aumento de traslados, ingresos hospitalarios y saturación de urgencias.
La Proposición de Ley presentada por el PPN plantea la obligación de mantener operativos los Servicios de Urgencia Rural y establece que cualquier reforma de la red de urgencias deberá contar con informes técnicos, participación profesional y garantías de accesibilidad. El texto también incluye la fijación de tiempos máximos de respuesta —que no superarían los quince minutos para urgencias vitales— y la aprobación de un Plan de Fortalecimiento de la Atención Urgente Rural.
García ha insistido en que los ciudadanos “merecen políticas que aseguren su derecho a una atención sanitaria independientemente de su lugar de residencia” y ha concluido que, a su juicio, las medidas anunciadas por el Gobierno “incrementan las desigualdades y dejan atrás a miles de navarros, especialmente a los más vulnerables”.
