La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha abierto un procedimiento de investigación por presuntas irregularidades en materia de contratación pública vinculadas a los servicios jurídicos encargados por el Ayuntamiento de Tudela dentro del proceso de oposición municipal al proyecto de planta centralizada de tratamiento de fangos promovido por la empresa pública NILSA en la depuradora de la capital ribera.
La resolución de la OANA declara la existencia de “indicios razonables de veracidad” en la denuncia formulada por Contigo Tudela el pasado mes de octubre y pone en marcha la fase instructora para esclarecer los hechos.
La denuncia
Contigo Tudela solicitó la intervención del organismo al considerar que los encargos realizados por el Área de Urbanismo podían constituir un “fraccionamiento de contrato” para eludir los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la Ley Foral de Contratos Públicos. Según denunció Contigo Tudela, el Ayuntamiento habría contratado de forma directa tres asistencias jurídicas externas, por un importe conjunto superior a los 29.000 euros (IVA incluido), para la elaboración de informes, la tramitación de expedientes y la formulación de alegaciones relacionados con el proyecto de NILSA.
Estos informes fueron adjudicados al despacho Gesabogados por tres conceptos. Un primer informe jurídico sobre la ampliación de la depuradora, un segundo contrato para la asistencia en la tramitación de expedientes urbanísticos y un tercero para la redacción de las alegaciones presentadas por el ayuntamiento ante la Confederación Hidrográfica del Ebro. Contigo Tudela sostiene que la suma total de estos contratos supera el límite de 15.000 euros establecido para los contratos menores, lo que obliga al ayuntamiento a iniciar un procedimiento de contratación con publicidad y concurrencia, por lo que entiende que pudo haber “una división irregular de contratos con el fin de eludir la licitación”.
Informe de intervención
Contigo Tudela sustenta su denuncia en un informe fechado el 11 de diciembre, el interventor municipal señalaba que “no se ha seguido el procedimiento establecido en las bases de ejecución del presupuesto ni en la Ley de Haciendas Locales de Navarra” y que el importe acumulado “supera el límite establecido en el artículo 81 de la Ley Foral de Contratos Públicos” para los contratos menores. Este mismo documento apuntaba que los trabajos debían ser abonados al tratarse de servicios prestados, si bien ello “no exime de la responsabilidad que podría acarrear al empleado público que efectuó el encargo sin seguir el procedimiento legalmente establecido”.
Indicios suficientes para activar una investigación
La resolución de la Oficina Anticorrupción considera que los hechos descritos en la denuncia presentan indicios suficientes para activar el mecanismo de investigación previsto en la Ley Foral 7/2018. En su acuerdo, la directora del organismo decide abrir el procedimiento, designar instructor y solicitar documentación adicional al Ayuntamiento, que dispone ahora de un plazo de diez días para aportar alegaciones. Una vez concluida la fase instructora, en la que se determinará si los contratos se tramitaron de acuerdo con lo previsto en la normativa foral, la OANA podrá concluir el archivo del caso, la formulación de recomendaciones de mejora o, en último término, la depuración de responsabilidades si se apreciaran irregularidades administrativas.
El equipo de gobierno defiende su gestión
En el pleno del mes de octubre de 2025, el concejal de Desarrollo Urbano, Zeus Pérez, defendió la legalidad de todo el proceso y negó la existencia de fraccionamiento. Según detalló, los expedientes “tienen objeto, finalidad y momento distintos” y responden a “necesidades sobrevenidas en fases diferentes” del proyecto autonómico impulsado por NILSA. Pérez recordó que los contratos se tramitaron “sin reparos de Intervención” en el momento de su adjudicación y sostuvo que el Ayuntamiento actuó conforme a los principios de legalidad y economía que rigen la contratación pública.
Asimismo, tras conocerse la apertura de la investigación, el alcalde Alejandro Toquero, ha defendido la legalidad respaldado por un informe jurídico encargado a un despacho de abogados en él se concluye que no existió fraccionamiento ilegal de contrato.
Este informe —solicitado para analizar el encaje de los servicios jurídicos externos prestados en la tramitación de la reforma de la EDAR y de la planta de biogás promovida por NILSA— sostiene que la actuación municipal se ajustó a la normativa vigente.
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