La sociedad pública Nilsa, encargada de la gestión del saneamiento y depuración de aguas residuales en Navarra, ha salido al paso de las recientes declaraciones del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, sobre el proyecto de mejora de la planta de tratamiento de fangos de la depuradora tudelana. Su director, Fernando Mendoza, ha subrayado que “en ningún momento entendimos que el proyecto estuviera afectado por la moratoria aprobada en el Parlamento de Navarra”, y ha defendido que “no ha habido tramitación exprés ni maniobras políticas” en un expediente que lleva “más de tres años de gestión administrativa”.
Según Mendoza, la ley de moratoria se refiere a “proyectos de biometanización con residuos procedentes del ámbito agroganadero”, mientras que el plan de Tudela “no responde a ese modelo, sino a una mejora técnica dentro de la propia línea de fangos de la depuradora”. En este sentido, insiste en que se trata de una actuación “que busca higienizar y estabilizar los residuos para eliminar olores y garantizar su aprovechamiento agrícola seguro”, y no de una nueva planta industrial externa.
“No ha habido proceso exprés ni irregularidades”
El responsable de Nilsa rechaza rotundamente las acusaciones del Ayuntamiento de Tudela sobre una supuesta aprobación acelerada de la autorización ambiental integrada. “Llevamos año y medio tramitando el expediente, y la información pública y los informes favorables estaban emitidos desde hace tiempo”, explica.
Asegura que el proyecto “cumplía con las condiciones de exclusión previstas en la propia moratoria” y que su autorización “se firmó una vez completados los trámites ordinarios”.
Mendoza recuerda, además, que “el proyecto original no ha sufrido cambios” y que “de no ser por la oposición reiterada del alcalde, las obras ya podrían estar ejecutadas”.
“Pedimos mesura y respeto por un modelo que funciona”
En relación con el anuncio del alcalde de Tudela de romper los acuerdos con Nilsa y asumir directamente la gestión de la depuradora, el director de la entidad pública llama a la prudencia. “La depuración es una competencia municipal, pero en Navarra se gestiona desde hace más de 35 años mediante un régimen de cooperación entre el Gobierno y los ayuntamientos, que ha permitido un servicio eficiente, solidario y de calidad”, señala.
Recuerda que el modelo navarro “es un referente fuera de la Comunidad” y que su ruptura “podría generar dificultades jurídicas y económicas, además de poner en riesgo un servicio básico esencial para la ciudadanía y el medio ambiente”.
Experiencia y reconocimiento técnico
Mendoza también ha querido reivindicar la trayectoria de Nilsa y el trabajo de su equipo técnico. “Somos una empresa pública con casi 40 años de experiencia y altos niveles de satisfacción entre los ayuntamientos y la población”, apunta. Recuerda que “el director de la planta de Tudela es un técnico de referencia a nivel nacional y representante de España en la Asociación Europea de Operadores de Aguas”, lo que demuestra “la solvencia y rigor con que se aborda este proyecto”.
Finalmente, el responsable de Nilsa anuncia que este jueves se ponen marcha una campaña de información pública para explicar el proyecto con transparencia. “Queremos que la ciudadanía lo conozca, plantee sus dudas y saque sus propias conclusiones. No está bien generar alarma sobre algo que técnicamente no la justifica”, concluye Mendoza.
Reacción del alcalde Alejandro Toquero
Tras conocer las declaraciones de Fernando Mendoza, el alcalde de Tudela ha respondido reafirmando sus críticas y calificando de “falsas” las afirmaciones del director de NILSA.
Según Toquero, sí que ha habido trámite exprés ya que la Autorización Ambiental Integrada se firmó justo en la ventana entre la aprobación de la moratoria y su publicación en el BON. «Eso no es casualidad: es blindaje acelerado para que la moratoria no les afectara».
También entiende que la moratoria afectaba al proyecto de Tudela «ya que la ley no distingue entre biometano ‘agrario’ o ‘EDAR’. La planta de Tudela produce biometano e inyecta a red, por tanto entra en el ámbito de la moratoria».
También rechaza que el proyecto sea una extensión de la depuradora, «ya que tiene su línea de producción de biometano y su impacto propio. Es una planta industrial, aunque esté dentro de una EDAR».
En palabras del alcalde, “si NILSA tiene que salir a justificar, disfrazar y negar lo evidente, es porque saben que han firmado la autorización aprovechando el margen legal antes de la entrada en vigor de la moratoria. Si hubiera habido cooperación, no habrían firmado la Autorización Ambiental justo para esquivar una ley aprobada democráticamente. Eso se llama maniobra política, no cooperación», concluye.
