No creo que sea necesario estudiar Derecho para saber que la “presunción de inocencia” es un derecho fundamental que protege a los individuos en un proceso penal y que es responsabilidad de la Justicia demostrar la culpabilidad de la persona acusada, y no que la persona acusada tenga que demostrar su inocencia. De modo que, como reza el dicho, “todo el mundo es inocente, mientras no se demuestre lo contrario”. O así debería ser.
Pero esto era antes, porque, en estos momentos, en una buena parte de la clase política este principio sólo es válido para “los nuestros”, pero no para “los contrarios”. Así que para intentar cambiar a quienes ejercen el poder, en cualquiera de las Administraciones (Estado, Autonomías o Ayuntamientos) la oposición busca la “imputación” de quien ejerce el poder, pues se entiende (contrariamente al más elemental derecho) que la persona imputada que no es de “los nuestros” es culpable.
No es de extrañar que haya partidos políticos que tratan de nombrar jueces de su “cuerda”, contraviniendo una de las bases de la Democracia como es la “Separación de Poderes”, tal como preconizó Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, en el lejano 1748: el “Poder Legislativo” (encargado de redactar las Leyes), el “Poder Ejecutivo” (encargado de aplicar y hacer cumplir las Leyes) y el “Poder Judicial” (encargado de interpretar las Leyes, garantizando su justa aplicación).
Por todo esto, actualmente, la Justicia es uno de los estamentos más infravalorados por la ciudadanía. Porque hay jueces y juezas “estrellas” absolutamente politizados. Basta con comprobar que hay Asociaciones de Jueces “progresistas” o “conservadoras”, adjetivos que, para empezar, son contrarios a la independencia judicial. Y lo estamos viendo en sus lamentables decisiones ya que unos votan “en bloque” a favor o en contra de la persona o administración acusada, en función de que sea progresista o conservadora.
¡Ah! Y estos jueces y juezas no admiten la menor crítica, porque están imbuidos de una especie de divinidad, por lo que piensan que son infalibles y que no pueden ser juzgados. Más aún, ni siquiera criticados. Para algunos, el procedimiento es muy claro: elijo una persona que no sea de “los míos”, le imputo un delito y, luego, busco posibles pruebas, alargando cuanto sea posible la instrucción. Vergonzoso.
