Ecologistas en Acción de la Ribera ha instado al alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, a liderar una gran movilización ciudadana contra la planta centralizada de fangos que promueve la empresa pública NILSA en las inmediaciones de la depuradora de la ciudad.
La organización considera que “solo una gran movilización popular puede frenar este problemático proyecto de traer y tratar en Tudela el 40% de los lodos de depuradora de toda Navarra”.
En un comunicado, el colectivo ecologista apela al alcalde para que, “como representante máximo de los vecinos y vecinas”, encabece la defensa de los intereses de la ciudad y del medio ambiente. “Debe buscar lo mejor para Tudela y el entorno natural”, subrayan.
Críticas al modelo de macroplantas
Ecologistas en Acción sostiene que el modelo de macroplantas de tratamiento de fangos “no es sostenible” y reclama instalaciones pequeñas y descentralizadas.
Según el grupo, “los lodos deben tratarse allí donde se generan” para evitar los impactos derivados de su transporte, como el aumento de las emisiones contaminantes, gases de efecto invernadero y riesgos de tráfico pesado.
La organización también rechaza el emplazamiento elegido, junto a la actual estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Tudela, a unos 800 metros del casco urbano. Argumentan que se trata de una zona inundable y de suelo agrícola fértil, y advierten de que su industrialización supondría “la pérdida de una zona de alto valor productivo y ambiental”.
Riesgos del uso agrícola de los digestatos
Otro de los puntos que Ecologistas en Acción pone sobre la mesa es el destino de los digestatos resultantes del tratamiento de los fangos, que podrían aplicarse como fertilizantes en campos agrícolas.
La organización pide “el máximo rigor” en su gestión y advierte de los posibles riesgos de contaminación: “Los lodos de depuradora son la basura de la basura, y pueden contener restos de medicamentos, tóxicos hormonales, microplásticos o metales pesados”.
Por todo ello, la entidad llama a las administraciones locales y a la ciudadanía a oponerse al proyecto y a reclamar un modelo alternativo “más justo, ecológico y seguro” para el tratamiento de los residuos urbanos.
