El grupo municipal Contigo Tudela trasladará a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra un posible fraccionamiento de contrato en los encargos realizados por el Ayuntamiento de Tudela a un despacho de abogados, por trabajos relacionados con la planta centralizada de tratamiento de lodos que promueve la empresa pública NILSA.
Según la documentación aportada por el grupo, el Área de Urbanismo contrató de manera directa tres asistencias jurídicas con un bufete —por un importe total de 29.040 euros (IVA incluido)— para la elaboración de informes, la tramitación de expedientes y la redacción de alegaciones vinculadas al proyecto.
Informe de intervención
El interventor municipal, en un informe del 11 de diciembre de 2024, señaló que “no se ha seguido el procedimiento establecido en las bases de ejecución del presupuesto ni en la Ley de Haciendas Locales de Navarra” y que “el importe total contratado siguiendo el régimen especial de menor cuantía en los últimos 48 meses supera el límite establecido en el artículo 81 de la Ley Foral de Contratos Públicos”.
El mismo informe añade que, aunque debe abonarse el trabajo realizado, “ello no exime de la responsabilidad que podría acarrear al empleado público que efectuó el encargo sin seguir el procedimiento legalmente establecido”.
Las tres facturas emitidas recogen tres conceptos: Informe jurídico sobre fangos y urbanismo: 6.000 € (7.260 € con IVA); Tramitación de expedientes de reforma de la EDAR: 15.000 € (18.150 € con IVA); y Escrito de alegaciones: 3.000 € (3.630 € con IVA)
Según Contigo Tudela, la suma total de los encargos “supera el límite de 15.000 euros establecido para los contratos menores”, lo que podría constituir una división irregular de contratos con el fin de eludir los procedimientos ordinarios de contratación.
Por todo ello, el grupo municipal exigía explicaciones al equipo de Gobierno durante el pleno y ha trasladado el caso a la Oficina Anticorrupción “para que determine si existió fraccionamiento y, en su caso, depure responsabilidades”.
Explicación del concejal de Desarrollo Urbano
El concejal de Desarrollo Urbano, Zeus Pérez, defendió durante el pleno la legalidad de todo el proceso y negó cualquier irregularidad. “Todos los trabajos se han tramitado conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos”, afirmó, precisando que cada uno de los tres expedientes “tiene objeto, finalidad y momento distintos”.
Según explicó, en marzo de 2024 se encargó un informe jurídico sobre la ampliación de la EDAR promovida por NILSA; en octubre de 2024 se prestó asistencia jurídica para la tramitación de los expedientes de reforma de la depuradora; y en junio de 2025 se redactaron las alegaciones jurídico-técnicas ante la Confederación Hidrográfica del Ebro.
“En los tres casos se han tramitado sin que conste reparo de Intervención”, añadió Pérez, quien subrayó que “no existe identidad de objeto ni fraccionamiento de contrato”, ya que se trata de actuaciones sucesivas y diferenciadas, derivadas de necesidades sobrevenidas en distintas fases del mismo proyecto autonómico.
El edil concluyó que la actuación municipal “se ajusta plenamente a los principios de legalidad, eficiencia y economía, garantizando en todo momento la correcta utilización de los fondos públicos y el cumplimiento del procedimiento administrativo”.
