Trabajadores de Iberdrola se han concentrado ante las instalaciones de Iberdrola en la Carretera de Tarazona, en Tudela, así como en otros puntos de todo el país, durante la jornada de huelga convocada para hoy viernes por los sindicatos UGT, CCOO y ELA. La movilización se enmarca dentro del proceso de negociación del IX Convenio Colectivo y responde, según denuncian las organizaciones sindicales, a la negativa de la empresa a garantizar el poder adquisitivo de la plantilla y a la falta de avances en las conversaciones.
Según los sindicatos convocantes, Iberdrola plantea una fórmula de incremento salarial basada en parámetros empresariales vinculados al cumplimiento del EBITDA España, definido de manera unilateral por la alta dirección. Esta propuesta no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y se produce tras varios ejercicios con cifras récord en beneficios, dividendos y bonus a la alta dirección.
En este contexto, UGT, CCOO y ELA denuncian que, mientras el beneficio neto de la empresa ha aumentado un 16,84 % en los últimos cuatro años —alcanzando los 5.612 millones de euros en 2024 y sumando un total de 18.639 millones en el periodo—, los salarios de la plantilla en España apenas han subido un 2,8 %, frente a un IPC acumulado del 18,10 %, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del 15,30 %. En el mismo periodo, el presidente de Iberdrola ha incrementado su retribución un 6,45 %, acumulando 54,21 millones de euros en cuatro años.
Los sindicatos también critican el relato económico difundido por la compañía, en el que se asegura que la plantilla percibe una media de más de 88.000 euros anuales y subidas salariales superiores a 5.000 euros. CCOO, UGT y ELA consideran estas cifras irreales y denuncian que pretenden desacreditar a los trabajadores y justificar la evolución salarial de la alta dirección.
La propuesta de Iberdrola, según los sindicatos, implica asumir la pérdida de poder adquisitivo en cualquier escenario. Además, denuncian que otras materias del convenio incluyen retrocesos o ajustes mínimos, como la posibilidad de monetizar las aportaciones al plan de pensiones y al seguro médico, o una bajada del 10 % en el complemento por incapacidad temporal.
Alta conflictividad y condenas judiciales
La actitud de la empresa ha derivado en un aumento de la conflictividad laboral sin precedentes, que ha llevado a Iberdrola ante la Audiencia Nacional en varias ocasiones. En los dos últimos años, el tribunal ha emitido cuatro sentencias condenatorias, obligando a la compañía a actualizar las prestaciones de riesgo del Plan de Pensiones conforme al IPC, declarando ilegal el voto telemático en las elecciones sindicales, anulando un incremento del 25 % en uno de los beneficios sociales pactado con otros sindicatos y forzando una subida salarial del 10 % para los nuevos ingresos, al declarar ilegal la doble escala salarial.
A estas resoluciones se suman diversos acuerdos prejudiciales en ámbitos como el absentismo, permisos por hospitalización o la tarifa de empleado, así como numerosas demandas locales por distintos motivos.
Clima laboral tenso
Los sindicatos denuncian que el clima laboral en Iberdrola está marcado por una elevada crispación. Acusan al departamento de Recursos Humanos de no reconocer la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años y de asumir funciones que corresponden a la representación legal de los trabajadores, como informar de forma sesgada sobre la evolución de la negociación del convenio.
Según CCOO, UGT y ELA, la empresa utiliza los canales internos de comunicación para desacreditar las posiciones sindicales y negar el deterioro de las condiciones laborales. Lo hace, afirman, mediante certificados privados sin validez jurídica y mensajes dirigidos a influir en la opinión pública y en la plantilla. Esta estrategia, aseguran, no hace sino aumentar el malestar entre los trabajadores, que son plenamente conscientes del retroceso en sus condiciones laborales y económicas.
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